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| El Ministro (s) de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, firma el Estatuto de Roma en presencia de la Presidenta Bachelet y de los ministros José Antonio Viera-Gallo y Carlos Maldonado. |
Esta mañana la Presidenta Michelle Bachelet, en compañía del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo; de Justicia Carlos Maldonado y del ministro (s) de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, firmó el Estatuto de Roma, que confirma la adhesión de Chile a la Corte Penal Internacional. En la oportunidad, la Mandataria expresó que "con esto cumplimos un compromiso político internacional e incorporamos a nuestro ordenamiento jurídico interno uno de los instrumentos internacionales más simbólicos y relevantes de los últimos años".
La Jefa de Estado remarcó que "a partir de hoy Chile se une formalmente a la voluntad política universal de perseguir los crímenes de lesa humanidad de manera efectiva y eficiente, y eso implica reducir el espacio para la impunidad". Agregó que "la conciencia y la voluntad de los pueblos del mundo se han unido para hacer efectiva la justicia que reclama la dignidad esencial del ser humano en todo tiempo y en todo lugar y de esta manera la jurisdicción internacional en materia de derechos humanos se convierte también en un potente disuasivo para evitar su transgresión".
En la actividad, que contó con la presencia de los ex Presidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos, la Jefa de Estado sostuvo que "la Corte Penal Internacional representa uno de los avances más significativos en materia de protección de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del derecho penal internacional, representa la consolidación del principio de universalidad jurisdiccional en materia de violaciones a los derechos humanos" y responde "a la voluntad de la comunidad internacional de crear un tribunal permanente e independiente dotado de competencias para conocer y juzgar a los responsables de genocidio y crímenes de guerra y de lesa humanidad, como son la esclavitud, el apartheid, la tortura, la desaparición forzada de olas personas y el exterminio".
En esa línea manifestó que ésta constituye "un paso histórico de la humanidad, un anhelo universal surgido de la Segunda Guerra Mundial y que en la década de los '90 adquirió nuevos bríos y voluntad para su concreción por parte de la comunidad internacional".
Luego de su reciente aprobación por parte del Congreso Nacional, el instrumento de ratificación de dicho Estatuto fue ingresado a Naciones Unidas, el pasado 29 de junio.
El Estatuto de Roma, que instauró la Corte Penal Internacional, fue adoptado en 1998 y entró en vigencia internacional en 2002. Crea una instancia jurisdiccional internacional, mediante un aparato judicial autónomo, compuesto por jueces y fiscales, cuya función es juzgar y condenar a individuos (no Estados) que sean declarados culpables de graves crímenes contra la humanidad.
De esta forma, nuestro país incorpora en su ordenamiento jurídico los estándares internacionales en materia de protección y respeto a los derechos humanos, al igual que otros 108 países del mundo que han adherido al Tratado que creó dicho organismo, siendo Chile el único país de Sudamérica que no lo había ratificado.
La reforma constitucional que permitió la adhesión de nuestro país al Estatuto consideró dos principios básicos: la primacía de la jurisdicción nacional para juzgar este tipo de crímenes cometidos en Chile o por chilenos cuyas víctimas sean chilenos, y el principio de irretroactividad de sus normas, a partir del cual la Corte sólo podrá juzgar y conocer los delitos cuya ejecución sea posterior a su entrada en vigor en el país, el 1º de septiembre.
En su reciente visita a Holanda, la Mandataria visitó la sede de la Corte en La Haya, en virtud que nuestro país fue uno de sus principales impulsores durante su gestación en los años 90, ya que participó activamente en la Conferencia de Roma y suscribió su creación en la Declaración y Programa de Acción de Viena, en 1993.
En este mismo ámbito, la Jefa de Estado promulgó recientemente la Ley Nº 20.357, que tipifica los crímenes de lesa humanidad, genocidio y delitos de guerra, contemplando penas de presidio para sus autores y/o responsables.