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| Recientemente se realizó el séptimo período de sesiones de la Asamblea de los Estados Partes del TPI. |
El Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, depositará este lunes 29 de junio en Naciones Unidas, en Nueva York, el instrumento ratificatorio por el cual Chile adhiere al Estatuto de Roma que establece el Tribunal Penal Internacional. Para estos efectos viajará a Estados Unidos acompañado por el Director Jurídico de la Cancillería, Claudio Troncoso, quien ha participado en todo el proceso legislativo del TPI.
La adhesión de Chile al Tribunal Penal Internacional (TPI) es un hito significativo. Luego de la Segunda Guerra Mundial y ante los crímenes cometidos en dicho conflicto, surgió el anhelo internacional de establecer una Corte imparcial y permanente que juzgara a los responsables de graves delitos contra la humanidad.
El establecimiento de la Corte Penal Internacional constituye uno de los pasos más importantes que ha dado en el mundo en materia de protección a los derechos humanos. La Corte Penal Internacional es el primer y único tribunal internacional con competencia para juzgar personas que hayan cometido graves crímenes contra la humanidad.
La ratificación parlamentaria en Chile del Estatuto de Roma, como en muchos países, no fue fácil. Este proceso tomó casi diez años, mediando un requerimiento ante el Tribunal Constitucional.
Este Estatuto ha sido ratificado prácticamente por toda la Unión Europea, por casi toda América Latina, por algunos países del medio oriente y de África, por Australia y Nueva Zelandia, Canadá y Japón. Permanecen fuera del Estatuto: Estados Unidos, Rusia, China, India, Israel y los países árabes. De las cinco potencias que forman parte permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con derecho a veto, dos son entusiastas impulsoras de este Estatuto, Inglaterra y Francia.
La ratificación de Chile del Estatuto de Roma se une a la promulgación de la ley que tipifica los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra en nuestra legislación.
La reforma constitucional que permite la ratificación del Estatuto de Roma, reafirmó dos principios esenciales contenidos en dicho instrumento. En primer lugar la primacía de la jurisdicción nacional para juzgar los crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad cometidos en Chile o por chilenos o cuyas víctimas sean chilenos. Y en segundo lugar, el principio de irretroactividad de sus normas, a partir del cual el TPI sólo podrá juzgar y conocer hechos constitutivos de delitos cuyo principio de ejecución haya sido posterior a la entrada en vigor en Chile del Estatuto de Roma.
El TPI tiene una competencia claramente definida y un procedimiento que garantiza un debido proceso, tanto para los que acusan, como para los inculpados; ella afecta directamente a personas, mientras la Corte Internacional de Justicia de la Haya o la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José, juzgan la conducta de los Estados y sus resoluciones obligan sólo a los mismos.