Transcurridos diez años de debates, la Cámara de Diputados finalmente aprobó por amplia mayoría, 79 a favor, 9 en contra y 1 abstención, la ratificación del Estatuto Roma, el cual permite la adhesión al Tratado Penal Internacional (TPI).
Al término de la votación, el Ministro de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, valoró el resultado y afirmó que se cumple así uno de los importantes pilares del programa de la Presidenta Bachelet. "Este logro representa un apoyo a la gestión del Gobierno y es el resultado político de los sucesivos Gobiernos de la Concertación".
Explicó que no existe aplicación retroactiva y sostuvo que con la adhesión al TPI no hay cesión de soberanía: "Esa no es la manera correcta de entenderlo. Se podría decir que Chile cede soberanía en los Tratados de Libre comercio o en cualquier acuerdo internacional. Aquí nosotros entregamos voluntariamente a un Tribunal Internacional el derecho a procesar crímenes que no están en condiciones de procesar los tribunales nacionales. No se cede un ápice de soberanía y se está contribuyendo al bienestar y a los derecho humanos internacionalmente".
Asimismo, indicó que se trata del cumplimiento de una deuda pendiente. "Es un momento histórico para Chile en materia de los avances que hemos hecho en este país en asuntos relativos a los derechos humanos. El Tribunal Penal Internacional no solamente tendrá una gravitación importante respecto de crímenes sino también va a terminar con la preparación de tribunales ad hoc. Ya no habrá más tribunales especiales".
La Corte Penal Internacional es un Tribunal con carácter permanente, lo que constituye un claro avance en el proceso de estructuración de la Justicia en el ámbito de la Comunidad Internacional y responde a un sentimiento ampliamente buscado por la misma. Asimismo, busca sancionar delitos de extrema gravedad como son los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio y la agresión.
El Estatuto consagra ciertos principios penales que se consideraron básicos para su aprobación por parte de los Estados. Ellos se traducen en el Principio de legalidad, igualdad ante la ley penal, imprescriptibilidad y responsabilidad penal individual.
Tras esta aprobación Chile pasa a formar parte de la Asamblea de miembros de este organismo y se espera una última tramitación ante el Tribunal Constitucional.