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| El Director de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, Claudio Troncoso, el Diputado Gabriel Ascencio, el Embajador Heraldo Muñoz y el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, presentes en el acto de ratificación del TPI. |
Constituyendo un hecho histórico en el compromiso de nuestro país con los Derechos Humanos, ayer, 29 de junio de 2009, se depositó el instrumento de ratificación del Tribunal Penal Internacional, lo que convierte a Chile en el 109º Estado que se incorpora a esta Corte.
En la ceremonia realizada en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, acompañado del Embajador Heraldo Muñoz, Representante Permanente de Chile ante la ONU; del Director de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, Claudio Troncoso, y del Diputado Gabriel Ascencio, depositó el instrumento de ratificación de Chile a la Corte Penal Internacional, que conforme a las disposiciones del Tratado que la constituye, entrará en vigor para nuestro país el 1 de septiembre próximo.
Con esto, Chile confirma su voluntad de que los autores de graves crímenes tipificados por el Estatuto de este Tribunal, como el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad sean juzgados debidamente, contribuyendo con ello a evitar la impunidad.
Al respecto, el Ministro de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, quien se encontraba en Nicaragua en la reunión extraordinaria del Grupo de Río, puntualizó que "con esto Chile puede presentar un juez a la Corte, lo que nos parece muy importante. Tenemos varias personas con gran experiencia internacional en Derechos Humanos y la Presidenta tendrá que decidir a quién presenta como candidato."
Luego de la ratificación efectuada ayer, se procederá a la promulgación del Estatuto en nuestro país y posteriormente a su publicación en el Diario Oficial.
El Tribunal Penal Internacional (también conocido como Corte Penal Internacional) tiene su sede en La Haya, Países Bajos, y es el único órgano que tiene jurisdicción en el mundo con carácter permanente para juzgar los crímenes antes mencionados y que contribuye al mismo tiempo a garantizar el respeto de los derechos humanos. Es de carácter autónomo y está regido por el Estatuto de Roma. Entró en plena vigencia en julio de 2002, tras ser ratificado por los sesenta países requeridos para ese efecto.