La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió dar por concluido y archivar el caso “Profesores de Chañaral y otras Municipalidades vs. Chile”, mediante Resolución de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia de fecha 1 de julio de 2025, tras constatar que el Estado de Chile cumplió íntegramente las seis medidas de reparación ordenadas en la sentencia dictada el 10 de noviembre de 2021.

El Tribunal valoró especialmente la ejecución del acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, realizado el 6 de mayo de 2025 en el Palacio de La Moneda, presidido por el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, y con participación de altas autoridades de los tres poderes del Estado, víctimas, familiares y representantes legales. El acto fue transmitido por canales oficiales y contó con ceremonias paralelas en Chañaral y Cauquenes, conectadas en tiempo real y organizadas por autoridades regionales, lo que permitió una participación descentralizada. La Corte destacó la estrecha colaboración entre el Estado y los representantes, y subrayó el valor simbólico de la medida en términos de dignificación y no repetición.

Durante esta etapa, la Corte valoró positivamente los esfuerzos realizados por el Estado y el trabajo conjunto efectuado con los representantes de las víctimas, particularmente en los dos años siguientes a la notificación de la Sentencia, para dar cumplimiento a las reparaciones ordenadas en la misma. Especialmente, se destacó la celeridad en el cumplimiento de las medidas de restitución y de indemnización del daño inmaterial, así como la importancia que se le dio a la situación de vulnerabilidad de las víctimas de este caso en razón de su edad.

En su resolución, la Corte subrayó que el Estado cumplió integralmente con las medidas de reparación ordenadas, incluyendo: (i) pagar a las 846 víctimas o sus derechohabientes las sumas adeudadas por concepto de restitución; (ii) realizar la publicación y difusión de la sentencia y su resumen oficial; (iii) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; (iv) crear e implementar un plan de capacitación y sensibilización a los operadores judiciales sobre el acceso a la justicia de las personas mayores; (v) pagar a las 846 víctimas la indemnización por concepto de daño inmaterial; y (vi) reintegrar las costas y gastos.

En virtud del cumplimiento total, la Corte ordenó archivar el expediente del caso y comunicar su decisión a la Asamblea General de la OEA mediante el Informe Anual de 2025.