Chile debuta como Estado Parte en la COP2 de Escazú

La Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, y el Subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, participaron hoy en la apertura de la segunda reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, la primera en la que Chile asiste como miembro pleno.

El principal objetivo de esta COP, que se realiza en Buenos Aires, será elegir a los integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Tratado. Además de ello, Chile copresidirá mañana el grupo de trabajo sobre Defensores de Derechos Humanos en asuntos ambientales, que es uno de los elementos más distintivos del Acuerdo.

Anoche, en tanto, la Subsecretaria Gloria de la Fuente y el Subsecretario Maximiliano Proaño, participaron en la ceremonia inaugural de la COP2, realizada en el Centro Cultural Kirchner y que fue encabezada por el Presidente de Argentina, Alberto Fernández.

En la ocasión, recibieron un reconocimiento de bienvenida a Chile por convertirse en uno de los nuevos Estado Parte del Acuerdo. “Hemos recibido un reconocimiento por nuestra participación, que viene a reafirmar el compromiso del Gobierno de Chile con el multilateralismo, con el cuidado al medioambiente y con la defensa de los derechos humanos y la democracia”, afirmó la Subsecretaria de Relaciones Exteriores.

Por su parte, el Subsecretario del Medio Ambiente señaló que “hoy somos Estado Parte, por lo tanto, tenemos el gran compromiso y el desafío de ser ambiciosos en cuanto a la implementación del Acuerdo de Escazú, de mejorar y elevar los estándares en cuanto a participación, información y justicia ambiental en nuestro país”.

Escazú es el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y, el primero en el mundo, que incluye disposiciones legalmente vinculantes sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso en materia ambiental: el derecho a la información ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, con el propósito de garantizar el derecho humano a vivir en un medio ambiente saludable y el desarrollo sostenible de las generaciones presentes y futuras.