Cartagena+40: países latinoamericanos y caribeños avanzarán en la integración de personas desplazadas a la fuerza

El Plan de Acción de Chile 2024-2034, que orientará las acciones de los países de América Latina y del Caribe hacia la protección y adopción de soluciones para las personas forzadas a desplazarse y apátridas en la región, fomentará políticas de inclusión socioeconómica y autosuficiencia, acceso a servicios públicos y sociales, documentación e inclusión laboral. De esta manera, se buscará evitar movimientos sucesivos y beneficiar a las comunidades de acogida. 

Para que estas acciones sean efectivas, deberán contar con el apoyo de las autoridades públicas nacionales, el sector privado, las agencias financieras de desarrollo, las organizaciones lideradas por personas refugiadas y desplazadas, las autoridades locales y la sociedad civil, entre otras partes relevantes. 

Esta orientación se acordó durante la Segunda Consulta Temática del Proceso de Cartagena+40, que concluyó hoy en la ciudad de Brasilia, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. El tema central de esta consulta fue “Inclusión e Integración Mediante Soluciones Alternativas, Integrales y Sostenibles”. 

El Proceso de Cartagena+40, que celebra este año el 40 aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984, representa un esfuerzo continuo y evolutivo de los países latinoamericanos y caribeños para fortalecer el sistema internacional de protección de las personas refugiadas, desplazadas a la fuerza, y apátridas. Al final de este año, en Santiago de Chile, los países adoptarán un nuevo plan estratégico regional para la próxima década, reafirmando su tradición de solidaridad, asilo y protección, y consolidando la cooperación en la región.

Bajo el liderazgo de los gobiernos de Chile y Brasil y con el apoyo de ACNUR (la Agencia de la ONU para los Refugiados), las consultas temáticas de Brasilia contaron con la participación de delegaciones de 18 países de la región, así como representantes de países observadores, de instituciones financieras internacionales, del sector privado, de la academia, de la sociedad civil, de municipalidades, de organizaciones lideradas por personas refugiadas, de defensorías y del sistema de naciones unidas. 

Además, los participantes acordaron la necesidad de fortalecer y ampliar las vías de admisión legal, incluyendo el reasentamiento y vías de admisión humanitarias, laborales, educativas o basadas en la unidad familiar. 

La Secretaria General de Relaciones Exteriores de Brasil, Embajadora María Laura da Rocha, destacó que “el mundo necesita nuestro ejemplo de protección y acogida humanitaria […]. El derecho de solicitar y recibir refugio, los principios de no devolución, de no discriminación y de la unidad familiar deben de ser respetados por toda la comunidad internacional, tanto en tiempos de guerra cuanto de paz”.

La reunión consultiva de Brasilia representa la segunda etapa del Proceso de Cartagena+40, dando seguimiento a la primera consulta regional que tuvo lugar en la Ciudad de México el mes pasado. En esta ocasión, los participantes se propusieron la regionalización de las buenas prácticas existentes y reflexionaron sobre nuevas formas de fortalecer la protección de las personas en situación de movilidad humana y apátridas, teniendo en cuenta los desafíos y oportunidades que emergerán en la región en la próxima década. La próxima consulta se llevará a cabo en junio en Bogotá, donde se abordará la protección en contexto de desplazamientos forzados por desastres.

La Directora General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Embajadora Marta Bonet, destacó que “a nivel internacional, y en sintonía con el Pacto Mundial sobre Refugiados, las soluciones pueden ir en varias direcciones: integración local, reasentamiento y retorno. Sin embargo, en todas ellas existe un beneficio cuando se protege internacionalmente a las personas. Por ello es importante intercambiar buenas prácticas e identificar los desafíos actuales y futuros, con estrategias, compromisos y respuestas coordinadas para apoyar a los países de origen, tránsito, destino y retorno”.

Durante el encuentro de Brasilia, se entregó formalmente la Declaración de Montevideo a los Estados y otros participantes. Esta declaración, con contribuciones al Plan de Acción de Chile, fue adoptada por las Municipalidades que integran la iniciativa “Ciudades Solidarias”. Representa un compromiso de autoridades locales de América Latina y el Caribe para fortalecer la cooperación estratégica y la solidaridad entre municipalidades, gobiernos nacionales, sociedad civil, organizaciones de personas refugiadas, sector privado y organismos internacionales y para garantizar la atención, protección y estabilización de las personas refugiadas y migrantes, contando con su involucramiento y participación activa en el diseño de las respuestas de protección y soluciones. 

En la sesión inaugural de la consulta en Brasilia, el Alto Comisionado Auxiliar para las Operaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados, Raouf Mazou, enfatizó que el Proceso de Cartagena+40 mantendrá a América Latina y el Caribe en el liderazgo de soluciones para las crisis de desplazamientos forzados, mediante políticas públicas inclusivas que respeten los derechos humanos y promuevan el pragmatismo socioeconómico. 

“Las poblaciones desplazadas no solo necesitan que se protejan sus derechos legales, sino que también necesitan tener la oportunidad de reconstruir sus vidas; de tener acceso a un empleo, a la educación y a la atención médica; y de contribuir a las comunidades de acogida”, recalcó Mazou. Para él, la inclusión socioeconómica, el reasentamiento y otras vías legales de admisión “son imperativos para la estabilidad, el desarrollo sostenible y la paz en la región”.