América Latina y el Caribe abordan las respuestas de protección ante desplazamientos en contextos de desastres y efectos del cambio climático

La actual crisis climática y de desplazamiento es cada vez más evidente. Los países de América Latina y del Caribe buscan fortalecer la protección, preparación y resiliencia de las personas y comunidades desplazadas por la fuerza en estos contextos.         

Las reflexiones en la Tercera Consulta Temática del Proceso de Cartagena+40, que se llevó a cabo el 19 y 20 de junio, y que concluyó hoy en la ciudad de Bogotá, abordaron las buenas prácticas nacionales que servirán de base para la Declaración y el Plan de Acción de Chile 2024-2034, que será adoptado al final del año en la ciudad de Santiago y orientará las estrategias de protección y soluciones de los países de la región durante la próxima década.

Como resultado de las discusiones, la respuesta regional de los países a situaciones de desplazamiento forzado en contextos de desastres y efectos adversos del cambio climático tendrá un enfoque transversal y diferenciado para los grupos y personas en situación de vulnerabilidad, que serán el eje central de todas las acciones.

Además de delegaciones de 24 países de la región, estuvieron presentes representantes de organizaciones de la sociedad civil y de personas desplazadas por la fuerza, la academia, el sector privado, entidades del desarrollo y organizaciones internacionales.

“La ayuda humanitaria en la protección a las personas en movilidad humana en los países más afectados es el primer paso. También debemos fortalecer nuestro planes y programas, como posibles países de acogida, y considerar cómo los principales marcos y procesos subregionales que abordan el desplazamiento por desastres pueden articularse con el Plan de Acción de Chile”, señaló el jefe de la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, embajador Tomás Pascual.

"Hoy queremos poner sobre la mesa la discusión sobre la protección en contextos de desplazamiento forzado por desastres en la búsqueda, entre todos, de forma de garantizar no sólo la protección, sino la aplicación plena de los derechos humanos de aquellas personas que se han visto forzadas a desplazarse de sus lugares de origen, como consecuencia de un desastre natural, de inundaciones que han anegado las tierras en las que no solo vivían sino de las cuales dependía su sustento”, destacó el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo.

Bajo el liderazgo de los Gobiernos de Chile y Colombia, y con el apoyo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), los participantes de esta tercera consulta reconocieron que el desplazamiento de personas en contexto de desastres está entre los mayores desafíos humanitarios y de desarrollo que enfrentan actualmente los Estados y la comunidad internacional.

Tales efectos impactan el acceso a las soluciones duraderas para las poblaciones refugiadas, desplazadas y las comunidades altamente vulnerables, limitando las opciones de un retorno seguro y sostenible a sus países o territorios, además de afectar las perspectivas de integración en las comunidades que las acogen.

Considerando que los países de América Latina y el Caribe son altamente vulnerables a los impactos adversos del cambio climático, y que parte de su población vive en zonas de alto riesgo propensas a desastres, las acciones de protección y diseño de soluciones implementadas por los países se vuelven cruciales.

A nivel global, los desastres relacionados con el clima provocaron más de la mitad de los nuevos desplazamientos registrados en 2023, con 26,4 millones de personas desplazadas por eventos climáticos extremos, inundaciones y sequías, según datos del Observatorio de Desplazamiento Interno. Casi el 60% de las personas refugiadas y desplazadas internas vive en países que se encuentran entre los más vulnerables a los desastres y el cambio climático.

“El Proceso de Cartagena+40 ofrece una oportunidad única para seguir abonando a lo que han logrado los países en América Latina y el Caribe; para impulsar los esfuerzos por proteger los derechos y encontrar soluciones duraderas para las personas desplazadas internas; para ofrecer vías migratorias seguras, ordenadas y regulares para quienes se encuentran en situación de movilidad humana y, por tanto, buscan protección en países vecinos y otras partes del mundo; y, finalmente, para garantizar que quienes lo necesitan tengan acceso a la protección internacional en términos del derecho internacional de los derechos humanos y de los refugiados”, comentó el profesor Walter Kälin, enviado de la presidencia de la Plataforma sobre Desplazamiento por Desastres. 

“Por desgracia, las comunidades que más riesgo corren son las que sufren las consecuencias de la explotación del medio ambiente, que continúa marcando la pauta en las decisiones que se toman alrededor del mundo”, señaló Andrew Harper, asesor especial sobre Acción Climática de ACNUR. “Felicito a los países de las Américas por su liderazgo en la creación de los enfoques regionales para proteger a las personas que huyen del impacto del cambio climático y de los desastres, ninguno de los cuales respeta divisiones fronterizas. Sin embargo, se requiere con urgencia el apoyo de la comunidad internacional para poner en práctica los planes de los que hemos hablado aquí, en Bogotá”, agregó.

Además de la tercera consulta, el 18 de junio de 2024 tuvo lugar la Consulta Subregional para el Caribe, que reunió a países y territorios del Caribe, además de representantes de organismos regionales. “El Caribe ha sido un actor clave en el avance del Proceso de Cartagena, especialmente a través del programa de solidaridad regional en 2014, facilitando que varios países de la región avancen en brindar protección y soluciones duraderas a refugiados, solicitantes de asilo, desplazados y apátridas”, dijo el embajador Tomás Pascual.

Por su parte, la viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, Elizabeth Taylor Jay, señaló que "nos encontramos en una situación sin precedente en nuestra región Caribe, una situación desafiante que nos convoca a aunar esfuerzos y a poner en marcha una carta de navegación común, a reforzar los lazos de cooperación y a aprender de las buenas prácticas para asimilar los cambios tan acelerados que estamos presenciando como región en la materia de movilidad humana".