Chile participa en la segunda parte de las audiencias públicas de la Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática ante la Corte IDH

Chile participó en la segunda parte de las audiencias públicas de la Opinión Consultiva sobre la Emergencia Climática ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), realizada durante las últimas semanas de mayo, en Brasil.

A comienzos del 2023, Chile y Colombia, presentaron una solicitud de opinión consultiva ante la Corte IDH sobre las obligaciones de los estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos frente a la emergencia climática.

El 24 de mayo, en Brasilia, Chile estuvo representado por el embajador de nuestro país en Brasil, Sebastián Depolo, y el jefe del departamento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de Cancillería, Oliver López. La última parte de las audiencias, realizadas entre el 27 y 29 de mayo en Manaos, recapituló los principales consensos alcanzados en las audiencias entre sus diversos participantes, incluyendo la importancia de que la Corte IDH considere la mejor ciencia disponible, tenga en cuenta las buenas prácticas de los Estados, aborde el acceso a la justicia, considere la dimensión de género de la crisis, tenga presente la situación de los desplazados por desastres frente a la crisis, entre otras materias.

En estas últimas audiencias, la delegación, además del embajador Depolo, estuvo representada por la jefa del departamento de Sistema Universal de Derechos Humanos, Catalina Fernández.

A fines de abril de 2024, en Bridgetown, Barbados, la solicitud de Chile y Colombia finalizó su fase escrita, la que contó con intervenciones de Estados, expertos científicos, académicos, integrantes de la sociedad civil y representantes de pueblos indígenas, significó un hito histórico en participación con más de 250 presentaciones. En aquella ocasión, Chile enfatizó el rol que puede desempeñar la Corte IDH para la clarificación de las obligaciones a los distintos Estados frente a esta amenaza.

Se espera que la Corte IDH tarde algunos meses en dictar su opinión consultiva. La misma, si bien no tiene naturaleza directamente obligatoria, asistirá a los Estados en determinar y precisar sus obligaciones frente a la emergencia climática, desde la perspectiva de los derechos humanos.