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Unidad de Seguridad Humana (SH)
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La Unidad de SH promueve, desde la perspectiva de la Política Exterior, el paradigma de la seguridad centrado en las personas y con un enfoque multidimensional. Este nuevo enfoque amplia la definición tradicional del concepto de seguridad, incorporando la noción de nuevas amenazas, agregando una combinación de problemáticas políticas, económicas, medioambientales y de seguridad humana.

La Unidad de Seguridad Humana es la responsable de la coordinación de nuestra política exterior en la materia, a través de la articulación y coordinación con las instituciones nacionales competentes y su vínculo internacional, en las siguientes áreas:

 

  • Seguridad humana
  • Seguridad ciudadana
  • Seguridad multidimensional
  • Anticorrupción
  • Lavado de Activos
  • Financiamiento al terrorismo
  • Problema mundial de las drogas (PMD)
  • Crimen organizado transnacional
  • Trata de personas
  • Tráfico ilícito de migrantes
  • Tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras
  • Tráfico ilícito de bienes culturales

 

Sus principales contrapartes nacionales son: el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Unidad de Análisis Financiero; las Policías (PDI y Carabineros), y el Ministerio de Defensa (Directemar y la Dirección General de Movilización Nacional).

 

Contacto

Ana María Fuentealba

Secretaria

Email: afuentealba@minrel.gob.cl

Dirección: Teatinos 180, Piso 14°, Santiago

Teléfono: 56 (2) 2827 4059

 

Ximena Ramírez

Secretaria

Email: xramirez@minrel.gob.cl

Dirección: Teatinos 180, Piso 14°, Santiago

Teléfono: 56 (2) 2827 4374

 

Links con información

Seguridad Humana

El enfoque de la seguridad humana se diferencia del concepto tradicional de seguridad centrado en el Estado, para colocar al ser humano en el centro de la preocupación nacional e internacional y dar respuestas a las múltiples y variadas amenazas a la subsistencia, supervivencia y dignidad de las personas.

La seguridad humana subraya la necesidad de contar con una nueva estructura que combine los programas de paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos de manera más eficaz, eficiente y orientada a la prevención. La seguridad humana impulsa el desarrollo de soluciones integrales que, en conjunto, aporten una eficacia mucho mayor para responder a las inseguridades actuales y a las futuras, desde un enfoque multidimensional.

En septiembre 2012, en la Asamblea General, se aprobó la Resolución A/66/290, que permitió avanzar hacia un entendimiento común en torno al concepto de Seguridad Humana. De este modo, quedaron definidos los parámetros para su uso en todo el sistema de Naciones Unidas, asegurándose con ello que su aplicación concuerde con lo dispuesto en la Carta Fundamental. De esta manera, el concepto la seguridad humana puede ser utilizado como respuesta a las múltiples, cambiantes y variadas amenazas a la supervivencia, los medios de subsistencia y a la dignidad de las personas. 

Chile forma parte de la Red de Seguridad Humana, creada en mayo de 1999, que hoy está conformada por 11 países (Austria, Chile, Costa Rica, Eslovenia, Grecia, Irlanda, Jordania, Noruega, Suiza, Tailandia, Panamá (se incorporó en 2012) y Sudáfrica en calidad de observador. La Red tiene por finalidad promover sus valores y principios en todos los foros y negociaciones multilaterales, utilizando como herramientas el recurso de las declaraciones generales, las publicaciones y la organización de talleres y seminarios sobre el tema.

Chile destaca los siguientes elementos de la Seguridad Humana:

  • El concepto de SH está orientado por los principios de la Carta Fundamental y no reemplaza la seguridad del Estado, sino que se complementan.
  • La SH enfatiza la interdependencia de un conjunto de derechos fundamentales para la vida humana con el propósito que ésta sea digna, libre de temor y miseria.
  • Refuerza la elaboración de soluciones basadas en las realidades locales.
  • Aumenta la capacidad de los Gobiernos y de las personas para vivir con dignidad, libres de la pobreza y la desesperación.
  • No implica obligaciones legales adicionales a los Estados.

 

Problema Mundial de las Drogas y el Narcotráfico

La discusión en torno a la manera de enfrentar el Problema Mundial de las Drogas plantea retos importantes en lograr un equilibrio entre control de oferta y reducción de demanda.

Los principales instrumentos vigentes que han definido los Estados para abordar el Problema Mundial de las Drogas están contenidos en el Sistema Internacional de Fiscalización de sustancias controlados, definido por los tres instrumentos universales sobre drogas: la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 (enmendada por el Protocolo de 1972); el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971; y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.

Las citadas convenciones se relacionan con el trabajo de la Comisión de Estupefacientes de ONU (CND), con sede en Viena, establecida por la AG de ONU en 1946 que vio modificado su mandato en 1991.

En abril del 2016, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el Documento “Nuestro compromiso conjunto de abordar y contrarrestar en forma eficaz el problema mundial de las drogas”, como resultado de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, UNGASS (abril 2016). Este documento no tiene el carácter de vinculante y contiene siete recomendaciones operacionales (https://www.unodc.org). La implementación de las recomendaciones está a cargo de la CND.

Uno de los principales desafíos respecto a la política de drogas para Chile guarda relación con lograr generar una respuesta que tome en consideración armónicamente: la salud pública, los derechos humanos, la seguridad, la cooperación internacional y la cooperación interinstitucional.

 

Tráfico Ilícito Armas Pequeñas y Ligeras

El comercio ilícito de armas de fuego, en especial de armas pequeñas y ligeras, mueve miles de millones de dólares anuales en el mundo, estimándose que corresponde al 40 y 60% del comercio mundial, debido a su costo relativamente bajo, su fácil distribución y adquisición en el mercado.

La perspectiva y aproximación desde el paradigma de la Seguridad Humana constituye un eje central de la respuesta multilateral de Chile contra el tráfico ilícito de armas, al poner la persona y su bienestar en el centro. Las amenazas a la integridad física y sicológica del ser humano, que representa el uso de armas contra civiles, representan un claro atentado contra el bienestar ciudadano y la respuesta debe ser integral y multisectorial.

A nivel regional Chile es miembro de la  Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA); y participa en el Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego del Mercosur (GTAM) como Estado Asociado; adhiere al Reglamento Modelo de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas (CICAD) para el Control del Movimiento Internacional de Armas de Fuego, sus Partes y Componentes y Municiones, sistema de directrices para la implementación del CIFTA; es parte del Mecanismo Conjunto de Registro de Compradores y Vendedores de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados para el Mercosur. Igualmente, es parte del Memorándum de entendimiento para el intercambio de información sobre la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados entre los estados partes del Mercosur.

A nivel multilateral participa en los foros de Naciones Unidas en favor del desarme de todo tipo de armas, y específicamente, en el Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos. Asimismo, es parte de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados (CCW).

El año 2010, Chile adhirió al Protocolo III de la Convención de Palermo contra el Crimen Trasnacional de Naciones Unidas sobre armas de fuego, primer instrumento mundial jurídicamente vinculante en materia de este tipo de armas. Ofrece a los Estados firmantes un marco de cooperación amplio con el fin de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones, con la consecuente reducción en la disponibilidad de armamento pequeño.

 

Combate a la Corrupción

El tema de la corrupción ha estado presente en la agenda internacional desde fines de los años 80, con el auge del comercio transnacional, las masivas transferencias de divisas a través de medios electrónicos, la internacionalización y profesionalización de las organizaciones delictivas y el propio fenómeno de la globalización.

Los primeros instrumentos multilaterales adoptados para combatir el combate a la corrupción fueron la Declaración de San José de 1993 sobre derechos Humanos, la cual afirma que uno de los “obstáculos de la vigencia de los derechos humanos es la corrupción; la Declaración Belém Do Para que llama a promover la probidad y transparencia en 1994, la Primera Cumbre de las Américas en Miami de 1994, la cual acordó que “la corrupción en los sectores público y privado debilita la democracia y socava la legitimidad de los gobiernos e instituciones”, entre varios otros.

El trabajo multilateral de nuestro país en materia de corrupción es muy relevante, ya que hemos suscrito a una serie de acuerdos y tratados en el tema, los cuales ayudan a que pueda mejorar la transparencia en nuestro país debido a la serie de recomendaciones y evaluaciones que son realizadas por cada uno de ellos. Chile forma parte de:

a. Convención Interamericana contra la Corrupción. Es el primer instrumento en ser suscrito por el Estado de Chile, siendo ratificada en septiembre de 1998. Esta Convención de carácter intergubernamental fue establecida dentro del marco de la Organización de Estados Americanos (OEA).

b. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) o Convención de Mérida, primer instrumento internacional jurídicamente vinculante de lucha contra la corrupción. Fue aprobada por la Asamblea General en su resolución 58/4 de 31 de octubre de 2003 y entró en vigor el 14 de diciembre de 2005. Chile ratificó la UNCAC en septiembre de 2006, y desde entonces ha sido un activo participante de sus reuniones

c. Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. Esta Convención fue adoptada en diciembre de 1997. Chile la ratificó el 2001.

d. Asimismo, Chile forma parte del Acuerdo que crea la Academia Internacional contra la Corrupción (IACA); la Alianza para el Gobierno Abierto; los Grupos de Trabajo en el marco de APEC, organismo que da un especial énfasis a la lucha anticorrupción como parte del desarrollo económico; la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE y su Grupo de Trabajo contra el Cohecho.

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible- adoptada en septiembre de 2015 en la Asamblea General de Naciones Unidas-, el combate a la corrupción está presente de manera explícita y transversal en cada uno de sus Objetivos y Metas.  El vínculo directo de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y la Agenda 2030 quedó expresado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 “Promoción de Sociedades Pacíficas e Inclusivas para el desarrollo sostenible, acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones inclusivas y sujetas a la rendición de cuentas en todos los niveles”, específicamente  en las metas 16.5 (reducir la corrupción y el soborno en todas sus formas) y 16.6 (desarrollar instituciones transparentes, sujetas a rendición de cuentas y efectivas, en todos los niveles). La implementación de los Estados de este objetivo será revisada el 2019 en Naciones Unidas, en el marco del Foro Político de Alto Nivel.

 

Crimen Organizado Transnacional

La Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNODC), define al crimen organizado como un “fenómeno flexible y cambiante”, alimentado por los beneficios de la globalización que ha creado oportunidades para que los grupos de crimen organizado transnacional florezcan, diversifiquen y expandan sus actividades.

El principal instrumento internacional contra el crimen organizado internacional es la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, adoptado el año 2000, también conocida como la Convención de Palermo. La Convención fue complementada por tres Protocolos: Protocolo para Prevenir, Suprimir, y Castigar el Tráfico de Personas, especialmente Mujeres y Niños; el Protocolo contra el Contrabando de Migrantes por Mar, Tierra y Aire; y el Protocolo contra la Manufactura Ilícita del Tráfico de armas de fuego, sus partes, componentes y municiones. Chile adhirió a la Convención y sus protocolos en el año 2005.

La Conferencia de Estados Partes de la Convención identificó los siguientes crímenes emergentes: cibercrimen, crímenes relacionados con robo de identidad; tráfico de propiedad cultural; crímenes medioambientales; piratería, tráfico de órganos y uso fraudulento de la medicina.

En el caso de Chile, entre los ilícitos asociados al COT se encuentran el tráfico de drogas, el lavado de dinero, el tráfico de armas y la trata de personas. La posición de nuestro país es hacer frente a este fenómeno, mediante la cooperación y la promoción activa de los más altos estándares.

 

Trata de Personas

La trata de personas constituye una de las industrias ilícitas más lucrativas del mundo en donde el fin último es la explotación de terceros, constituyendo una grave violación a los derechos fundamentales de las personas. Lo anterior, ha vuelto urgente el generar una respuesta desde la comunidad internacional.

El 25 de diciembre de 2003 entró en vigor el Protocolo para Prevenir, Suprimir, y Castigar el Tráfico de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional. Es el primer documento legalmente vinculante que acuerda una definición de tráfico de personas. El Protocolo protege y asiste a las víctimas del tráfico de personas, con total respeto a los derechos humanos.

Chile adhirió a la Convención y sus protocolos en el año 2005. Con esto, el país se comprometió a generar un cambio en su legislación que permitiese la adecuada persecución de este delito y protección a las víctimas del mismo.

 

Tráfico Ilícito de Personas

El tráfico ilícito de migrantes constituye una grave violación a los derechos fundamentales de los individuos al denigrar al migrante y atentar contra su dignidad y libertad mediante el ingreso viciado a un país. Chile condena esta forma de Crimen Organizado Trasnacional tanto a nivel internacional, como nacional, velando por la cooperación entre instituciones para una respuesta concertada e integral, como por la protección de las víctimas y la condena a los traficantes. la Ley 20.507 tipifica este delito en nuestra legislación.

A nivel internacional, el principal esfuerzo que se ha llevado a cabo para combatir este ilícito es el “Protocolo de las Naciones Unidas contra el contrabando de migrantes por tierra, mar y aire”, complemento de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional. Chile adhirió a la Convención de Palermo el 2005.

 

Tráfico Ilícito de Bienes Culturales

El tráfico ilícito de bienes patrimoniales, entendido como la apropiación indebida, el robo, hurto y receptación, así como la importación y exportación ilegal de bienes patrimoniales, contraviene la legislación chilena actual y daña tanto a la memoria histórica como al legado del país. El 2015, Chile ratificó la “Convención sobre las Medidas que deben adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura de 1970”.

La Dirección de Seguridad Internacional y Humana participó activamente en la elaboración del Protocolo de Derivación Solicitudes de Tráfico Ilícito Bienes Patrimoniales. Asimismo, ha participado en actividades como en el IV Taller Binacional Chile-Perú, enfocado a la prevención y control del tráfico ilícito de bienes culturales. Actualmente la Unidad de Seguridad Humana participa en la Mesa Intersectorial sobre Tráfico Ilícito de Bienes Patrimoniales encabezada por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile.