La Unidad de Seguridad Internacional, tiene a su cargo la coordinación en las áreas de desarme y no proliferación de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva, tales como las armas químicas y las bacteriológicas, regímenes de control de armamentos en general, contraterrorismo y seguridad nuclear, instrumentos de desarme en materia de armas convencionales y municiones, en concordancia con los principios e instrumentos de Derecho Internacional Humanitario a los que nuestro país suscribe. Entre los temas de los cuales se encuentra a cargo esta unidad se destacan:
- Desarme
- Seguridad Nuclear
- No Proliferación
- Control de Armas Convencionales
- Contraterrorismo
- Armas Químicas y Biológicas
- La Convención sobre la prohibición de minas antipersonales de Ottawa
- Ciberseguridad
Contacto
Ana María Fuentealba
Secretaria
Email: [email protected]
Dirección: Teatinos 180, Piso 14°, Santiago
Teléfono: 56 (2) 2827 4059
Links con información
Desarme
Se refiere al conjunto de medidas destinadas a reducir las posibilidades de surgimiento de un conflicto armado, derivadas de la existencia de ciertos tipos de armamento. Las medidas de control de armamento y desarme pueden ser aplicadas a cualquier tipo de armas y/o actividades militares. Sin embargo, por lo regular se establecen dos grandes categorías: armas convencionales y armas de destrucción masiva.
De acuerdo a Naciones Unidas, las armas de destrucción masiva son tales por los efectos incalculables en relación al daño que estas causan, se incluyen dentro de esta categoría las “armas atómicas explosivas, armas de material radioactivo, armas letales químicas o biológicas, y cualquier arma desarrollada en el futuro que tenga características comparables en sus efectos destructivos a los de las armas nucleares”.
Seguridad Nuclear
La seguridad física nuclear se define como la prevención y la detección de actos delictivos o intencionados no autorizados relacionados con el uso o el sabotaje de materiales nucleares, otros materiales radiactivos, instalaciones o actividades conexas, y la respuesta a tales actos.
DISIN participa activamente en instancias a nivel nacional e internacional que procuran fortalecer el régimen de seguridad física nuclear, cuyo propósito es proteger a las personas, los bienes, la sociedad y el medio ambiente contra las consecuencias perjudiciales de un suceso relacionado con la seguridad nuclear.
Esta Dirección, en coordinación con las agencias nacionales pertinentes, desarrolla un trabajo permanente con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), entre otras organizaciones internacionales en esta materia, con el objetivo de mejorar la arquitectura nacional en seguridad física nuclear requerida en virtud de la propia regulación nacional, como también derivada de los acuerdos y convenios internacionales de los cuales Chile es parte.
No-proliferación
Son todos los programas y medidas orientados a evitar la adquisición de un cierto tipio de armamento. El término se usa de modo general para referirse a la contra-proliferación de armas de destrucción masiva y particularmente a las armas nucleares.
Uno de los pilares de la No Proliferación lo determina la suscripción del Tratado de No Proliferación (TNP), el que fue firmado por los participantes en la Conferencia del Comité de Desarme de Naciones Unidas de 1968. De acuerdo con el Tratado, los llamados Estados no poseedores de armas nucleares se comprometieron a no adquirir dichas armas, mientras que los llamados Estados poseedores de armas nucleares se comprometieron a no apoyar a los no poseedores a adquirirlas.
Control de Armas Convencionales
Chile tiene un compromiso permanente con los esfuerzos internacionales por evitar la proliferación de armas convencionales y en especial de las armas pequeñas y ligeras, las cuales que son responsables de la gran mayoría de las muertes violentas en América Latina y en el mundo.
Chile es Estado Parte de dos de los principales tratados sobre comercio de armas: la Convención Interamericana sobre Armas y Explosivos de 1997 y el Tratado sobre Comercio de Armas (TCA) de 2013, el cual fue firmado por nuestro país en 2013 y ratificado en 2018. Este último cuenta con cerca de 100 Estados Parte y su objetivo es evitar la transferencia de armas convencionales tales como aviones, buques y armas pequeñas, entre otras, hacia países o entidades que representan un riesgo para la seguridad internacional y humana y para ello establece una serie de normas y criterios para regular su exportación, importación, tránsito y corretaje.
A través de DISIN, el Ministerio de Relaciones Exteriores contribuye a la implementación de este Tratado participando en la revisión de solicitudes de exportación de material bélico que reciben las autoridades regulatorias nacionales.
Contraterrorismo
El terrorismo internacional, atenta contra valores fundamentales de la humanidad, constituyendo una de las principales amenazas a la estabilidad y paz global. En los últimos años ha visto una evolución dramática, adquiriendo una capacidad crecientemente transnacional, lo que presenta importantes desafíos para la comunidad internacional.
DISIN trabaja activamente a nivel bilateral y multilateral en apoyo a los esfuerzos internacionales para prevenir y erradicar el terrorismo, así como combatir el financiamiento al terrorismo. Destacan, entre los foros internacionales que lideran los esfuerzos en este ámbito, Naciones Unidas (Asamblea General y Consejo de Seguridad), el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y APEC, a través de su Grupo de Trabajo sobre Contraterrorismo.
Armas Químicas y Biológicas
Ambas corresponden a armas de destrucción masiva. Las armas químicas están reguladas por una serie de instrumentos, siendo el más importante de ellos la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción [CAQ] de 1992, adoptada en la Conferencia de Desarme, tras 12 años de negociaciones. La CAQ es el primer acuerdo de desarme negociado dentro de un marco multilateral que contempla la eliminación de toda una categoría de armas de destrucción en masa bajo un control internacional de aplicación universal.
En el marco de la CAQ se crea la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), encargada de elaborar procedimientos operativos detallados y de establecer la infraestructura necesaria para el organismo de ejecución permanente dispuesto en la Convención.
Las armas biológicas están reguladas bajo la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción [CABT]. Es un Tratado multilateral abierto a la firma en 1972, entró en vigor el 26 de marzo de 1975. La verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la CABT se lleva a cabo en su mayoría a través de medios técnicos nacionales.
En cuanto a Chile, nuestro país firmó la CAQ en 1992, y el instrumento de ratificación fue publicado en Diario Oficial de 11 de marzo de 1997, fecha desde la que está vigente. En cuanto a la CABT, Chile adhirió en 1972, ratificando en 1980 dicha convención.
Convención de Ottawa
La Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, conocida como Convención de Ottawa, suscrita en 1997. La Convención entró en vigor el 1° de marzo de 1999. Es un tratado multilateral que prohíbe el uso, la producción, la adquisición, el almacenamiento y la transferencia de minas terrestres antipersonal así como la asistencia o inducción a otros para realizar esas actividades. El proceso de Ottawa marca un importante precedente en materia de desarme, no solo por la efectividad que ha tenido el tratado, sino también por el involucramiento de la sociedad civil en todas las instancias tanto de la negociación como de implementación de la convención. Chile adhirió a la Convención en 1997, ratificándola el 10 de septiembre de 2001.
Ciberseguridad
La masificación en el uso de tecnologías de información y comunicaciones (TIC), junto con servir al desarrollo del país, conlleva riesgos que pueden afectar los derechos de las personas, la seguridad pública, las infraestructuras críticas, el gobierno digital, los intereses esenciales y la seguridad exterior de Chile. Estos riesgos pueden provenir de múltiples fuentes y se pueden manifestar mediante actividades de espionaje, sabotaje, fraudes o ciberataques realizados por otros países, por grupos organizados o por particulares, entre otros.
La emergencia del ciberespacio, y muy especialmente internet, como un bien público global, obliga a nuestro país a enfrentar el desafío de gestionar sus riesgos a todo nivel, donde el plano internacional reviste particular importancia, considerando el carácter global y transfronterizo del mismo. La ciberseguridad es un concepto transversal y multifactorial, que en el plano internacional significa tanto la posibilidad de construir capacidades, enfoques y medidas comunes en cooperación y asistencia con otros países, como la convicción de que un trabajo diplomático sostenido en el ámbito multilateral y de múltiples partes interesadas permite disminuir los riesgos de conflicto en el ciberespacio.
Para lograr lo anterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Seguridad Internacional y Humana coordina con el resto de los ministerios y agencias de gobierno, la política internacional en materia de ciberseguridad.
En materia de cooperación internacional dentro del ámbito bilateral, nuestro país desarrolla la relación con otros países en ciberseguridad, bajo diversas modalidades como la asistencia desde o hacia Chile, el intercambio de información y experiencias, la implementación y profundización de mecanismos de diálogo político en la materia, y el empuje de medidas de transparencia y construcción de confianza en el ciberespacio, priorizando una aproximación multiagencial a los temas.
Dentro de ese marco, se incrementará la participación del país en instancias multilaterales y globales, apoyando de la misma forma procesos de consulta regional, subregional y multilateral en el área, particularmente en América Latina, involucrando activamente a las diversas partes interesadas en el debate.
El ciberespacio está regulado tanto por las leyes nacionales como por la normativa internacional general aplicable, por lo que el desafío consiste principalmente en identificar e interpretar las normas relevantes del derecho internacional aplicables.
Existen desafíos que deben enfrentarse mediante acuerdos y normas internacionales específicas, como el Convenio de Budapest sobre cibercriminalidad del Consejo de Europa, del cual Chile es parte desde el 2017. Chile promueve el debate y la adopción de acuerdos multilaterales y bilaterales que fomenten la cooperación y asistencia mutua en ciberseguridad, tanto a nivel de instrumentos formales como de acuerdos y arreglos informales que apunten a la transparencia y construcción de confianzas internacionales en la materia.