Ministerio de Relaciones Exteriores

Es grato exponer ante ustedes, alumnos y profesores invitados de la Academia de Derecho Internacional, el significado que tiene referirse a lo que consideramos son principios fundamentales de la política exterior, en un Programa que tiene como centro de atención, al derecho internacional.

Agradezco esta oportunidad que se brinda a nuestro país, ya que nos enriqueceremos con las lecciones de estos días, las que esperamos acojan con interés. Conoceremos de cerca sus propias percepciones sobre el rol del derecho internacional en un contexto mundial de grandes cambios, y acogeremos sus opiniones con la mayor atención.

Este país, Chile, como todos los países de la región, ha sido partícipe de los cambios del sistema internacional, desde las escisiones que caracterizaban a la guerra fría, hasta una época de globalización, donde las crisis humanitarias, el desarrollo sustentable y las relaciones económicas, son temas fundamentales.

Convivimos con nuestras tradiciones y con las enseñanzas del ayer, recordamos las instituciones a las que dimos nacimiento y formamos en el pasado; pensemos en el Pacto Andino, el Grupo de Río, Mercosur. Pero, nuestra mirada se dirige también a un horizonte dinámico y exigente, donde no es suficiente lo que ya hemos alcanzado; deseamos más cooperación, más integración y asociaciones ante riesgos no tradicionales y catástrofes. No olvidamos las demandas de áreas como el medio ambiente, la cooperación para la seguridad ante los ilícitos transfronterizos y la protección de la persona humana.

 

La experiencia que ustedes aportarán es esencial para ampliar las visiones particulares o de corto plazo que pudiésemos tener, dado el peso de la coyuntura o las necesidades inmediatas.

 

 

 

El proceso de globalización - fenómeno multidimensional y que genera espacios de oportunidades, así como contradicciones e interrogantes - ha tenido resultados que no eran fácilmente previsibles a fines del siglo pasado, cuando pensábamos que había más consensos en torno a los grandes lineamientos de desarrollo y cooperación. Nuestros países continúan reflexionando sobre este fenómeno, mientras el proceso avanza y no se detiene.

Consideremos las definiciones entregadas por las grandes cumbres internacionales de las dos últimas décadas, las metas del Milenio, los acuerdos adoptados por el Grupo de los 20 o la Asamblea General de las Naciones Unidas. En todos ellos, observamos el sentimiento de que hay grandes demandas por mayor cooperación, por encauzar el papel de las sociedades civiles, el valor que se atribuye a la cohesión social como factor de paz y seguridad, lo cual inspira la aplicación de los instrumentos jurídicos vigentes y traza nuevos objetivos al quehacer internacional.

La respuesta que nuestros países entregan a estos escenarios puede ser diversa y no debemos temer a este fenómeno. Tenemos que respetar este hecho; pero, esto no puede impedir que anhelemos un diálogo fructífero y confiemos en que cooperando, obtendremos más beneficios que aislándonos. Por eso, tenemos fe en que UNASUR, que se fortalece con un protocolo sobre protección a la democracia, y se fundamenta en el respeto a las diversas definiciones nacionales, contribuye a generar mayor confianza y estabilidad, dos elementos esenciales para que florezca el derecho internacional.

Chile, como los demás países latinoamericanos, no fueron protagonistas directos de la guerra fría, pero nos involucramos en grandes definiciones de la época, e incluso participamos en el debate ideológico internacional. En ese contexto, fuimos capaces de promover principios y de postular el avance del derecho internacional en áreas como la soberanía permanente sobre los recursos naturales, la universalidad de los derechos humanos, la lucha contra la discriminación racial, la igualdad soberana de los Estados y un nuevo orden para los océanos y la expansión del derecho del mar.

Mencionaremos además, otros elementos que han marcado nuestra personalidad - la de este país y de otros latinoamericanos -en los años que siguieron a la segunda guerra mundial: una fuerte adhesión al multilateralismo y la búsqueda de consensos para hacer frente a las grandes negociaciones mundiales, desde el lo ambiental y la seguridad internacional, al establecimiento de reglas aplicables al comercio internacional. Con normas más claras, eficaces y respetadas ¿se beneficia y fortalece una política exterior? Chile cree firmemente que sí.

Es realista sostener que nuestra política exterior ha asumido y valora el papel del derecho internacional como un instrumento unificador y de desarrollo. La cooperación política y económica, basada en principios jurídicos sólidos, puede dotarse de este modo, de pilares fundamentales que generan mejores y mayores acuerdos. Cada vez tomamos mas conciencia de que el planeta nos pertenece a todos, que nuestros actos individuales afectan al conjunto y que existen bienes comunes que debemos tener en cuenta, tanto como los bienes individuales, propios de cada país.

Quiero referirme a dos materias donde puede observarse este fenómeno; ellas han exigido una renovación de nuestro pensamiento, no sólo en Chile, sino que a nivel regional y mundial. La valorización de la democracia ha sido un tema de antigua presencia en la política hemisférica; su aplicación y relevancia estuvo en general vinculada a los vaivenes de las coaliciones mundiales y asociada a formas incipientes de cooperación. No obstante, en ese contexto, fuimos capaces de crear la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los años 60 y avanzamos en la definición de los derechos políticos y civiles, así como económicos, sociales y culturales. En la década de los años noventa, dimos un paso decisivo para alcanzar acuerdos a nivel hemisférico sobre la relación entre democracia, paz, estabilidad y desarrollo.

Por otra parte, hemos adherido a la creación de tribunales penales internacionales, para que ejerzan jurisdicción donde los Estados han fracasado en ejercerla, y como una forma civilizada de atender situaciones y conductas que afectan a la conciencia mundial, superando el riesgo de que la justicia sea ejercida sólo por los más fuertes.

La pregunta que debemos hacernos, es si estos fenómenos tienen que ver con la política exterior y de qué manera definimos nuestra relación con el derecho internacional.

No discutimos que el respeto a los derechos humanos y su promoción y protección, constituyen valores que deben ser universalmente aceptados. El tema que requiere nuestra atención se refiere más bien a si debemos idear y establecer más instituciones o renovar los mandatos y fortalecer las existentes, de forma que actúen de forma menos selectiva, sin discriminaciones y acogiendo las diversidades de énfasis y prioridades.

Hemos recorrido a este respecto, largos y a veces dolorosos caminos y no siempre estamos satisfechos con lo alcanzado en el marco de los grandes esquemas de cooperación internacional. Suele atribuirse al respeto a la soberanía e independencia de los Estados las mayores causas de estancamiento o falta de avance; creemos por el contrario, que podemos aportar nuestras soberanías y capacidades para sumarlas a la visión común y fortalecer así las instituciones multilaterales.

He recordado estas dimensiones para indicar el horizonte en que se desarrolla la política exterior y la acción diplomática. Si es un anhelo de nuestros países promover el entendimiento, la paz y el respeto mutuo, debemos encarnar esos valores en políticas reales y en propuestas e instrumentos basados en el conocimiento de nuestras capacidades y en el papel que puede jugar el orden jurídico internacional, ciertamente fundamental en las relaciones entre Estados y en el fortalecimiento de un concepto sólido de comunidad de intereses a nivel internacional.

Este es un marco exigente para definir nuestras estrategias y objetivos nacionales, y creemos que conociéndolo y actuando responsablemente, gozaremos de un horizonte más amplio de oportunidades, en materias políticas,económicas y sociales.

 

 

 

 

Una política exterior de Estado exige hablar en nombre del país y considerar las opiniones y argumentos en el seno del gobierno, así como de la oposición, a la hora de tomar decisiones; esta política debe involucrar a los parlamentarios, partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales, el sector privado y académicos. La responsabilidad de gobernar exige también la generación de acuerdos internos sobre las definiciones fundamentales del país, en política vecinal, regional y mundial.

Por otra parte, en la hora de la globalización, cuando se multiplican las interacciones de chilenos en el ámbito internacional, entendemos que la política exterior puede tener muchos intérpretes. Esta es otra dimensión de la política de Estado, donde aceptamos los análisis críticos y nos esforzamos en un diálogo interactivo con todos los sectores.

Decimos que una política exterior de Estado representa los intereses esenciales y permanentes de la Nación, aquellos que resguardan de igual manera a las generaciones presentes y futuras. De ahí la importancia de que sea inclusiva y representativa de todos. Pero, esta afirmación requiere de contenido y de una estructura valórica y democrática.

En Chile, corresponde al Presidente de la República, por mandato constitucional, dirigir la política exterior en el más amplio sentido; para su concreción requiere de la participación también por mandato de la Constitución del Congreso Nacional, por ejemplo en la aprobación de tratados internacionales, y como práctica asentada en nuestra tradición, del despliegue de la diplomacia parlamentaria.

En el mundo actual, globalizado e interdependiente, esta política de Estado tiene como punto de partida, el respeto y fortalecimiento del derecho internacional.

Hemos identificado al derecho internacional como el más legítimo y efectivo recurso con que cuenta el país para hacer valer sus derechos y promover el avance de la cooperación entre los Estados y la inclusión de nuestras sociedades en forma digna y sin discriminaciones.

La estabilidad internacional y la coexistencia pacífica entre los Estados encuentra otro elemento estructurador en el respeto de los tratados, que es base para una sana convivencia internacional.

Se trata de una línea de la política exterior de Chile que se relaciona con las normas esenciales del sistema internacional, la igualdad soberana de los Estados y el rechazo a la intervención o imposición de la voluntad de unas naciones sobre otras. Sólo el derecho internacional y los mecanismos creados por él, pueden establecer exigencias y limitaciones al actuar de los Estados, principio fundamental que guía nuestra adhesión a las Naciones Unidas y a los mandatos que de ella derivan.

En este mismo ámbito, recordamos que forman parte del respeto al derecho internacional, aquellos principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, que también recoge la Carta de la Organización de los Estados Americanos, respecto de la prohibición del uso de la fuerza, la solución pacífica de las controversias, la cooperación para la paz y la seguridad internacionales y el respeto al principio de la igualdad y la libre determinación de los pueblos. El rechazo a todas las formas de terrorismo que diversas convenciones han consagrado, es un área que exige profundizar el rol del derecho internacional y la cooperación jurídica entre los Estados.

Por otra parte, la significativa evolución del derecho internacional, en una sociedad con más actores, estructurados de forma menos rígida que las alianzas de la guerra fría, y con la fuerza del ámbito no gubernamental, exige una mirada activa, responsable y participativa en la creación de nuevas instituciones, obligaciones y mecanismos de apoyo a la vigencia de este derecho. Entre otras tareas, los Gobiernos vemos como el derecho interno es puesto continuamentea prueba, tanto para dar muestra de aplicación de las normas internacionales, como para crear formas donde se le pueda otorgar eficacia en la realidad misma. La política exterior del Estado de Chile tiene la preocupación de que debe velar por una mayor coherencia entre nuestras normas internas y el derecho internacional.

Sobre estos pilares, y con seguridad ustedes lo conocen por sus experiencias y estudios, descansan el mantenimiento de la paz, la buena convivencia entre las naciones y la cooperación internacional.

 

 

 

Otro principio que deseamos resaltar es el de una política exterior centrada en el ser humano. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, hemos asistido a la progresiva afirmación de los derechos humanos, a los que la propia Carta de las Naciones Unidas hace referencia explícita y que alcanzaron un nivel universal con la Declaración de 1948. Ha habido un desarrollo impresionante de sus normas, ha crecido la adhesión de los Estados a los convenios sobre derechos humanos y existe una diversidad de instrumentos que deben ser atendidos por especialistas.

A esta dimensión, se agregan otras dos donde la relación entre política exterior y derechos humanos es muy directa: la valorización de la democracia desde el punto de vista político y jurídico, y el propósito de incluir en el concepto de protección de la persona humana, las áreas sociales, económicas y culturales.

En Chile, tal como otros paísesque durante el siglo XX experimentaron tensiones internas y crisis institucionales profundas, hemos hecho un aprendizaje que nos lleva a comprender mejor la importancia de una cultura democrática, el respeto a las instituciones, la tolerancia, la igualdad de oportunidades, la inclusión y cohesión social y sobre todo, el imperio del derecho en el Estado y entre los Estados. Hemos sido siempre partidarios de derechos universales y anteriores al Estado, y debemos continuar respondiendo a esta tradición.

De este modo, nuestra política exterior dedica por una parte su atención a la defensa y la promoción de los derechos humanos, en los órganos e instituciones creadas al efecto, al mismo tiempo que debe dar cuenta ante dichas instituciones cuando una situación pudiere merecer su actuación. En la misma línea, es justo rechazar con energía y decisión las manifestaciones del terrorismo en la sociedad contemporánea. No se trata solo de atentados contra la paz de algunas naciones, sino de actos que violan los derechos esenciales de la comunidad internacional y de las personas.

 

En este sentido, hemos contribuido a establecer normas jurídicas para que las políticas en el ámbito internacional contribuyan a la prevención de los actos terroristas, así como a su sanción. En esta materia, no puede haber diferentes estándares.

 

 

 

En este ámbito, reconocemos los mayores desafíos de la política exterior, ya que es en el marco multilateral donde se generan los grandes códigos de conducta, las normas que podrán aplicarse universalmente y los consensos que las doten de eficacia real.

Este contexto es particularmente importante para el fortalecimiento de regímenes internacionales que estructuren las formas más diversas de coexistencia entre los Estados y permitan superar las diferencias entre ellos. Mencionemos la importancia de la regulación internacional del comercio y la relevancia de las disciplinas que son el nervio de la OMC, así como las negociaciones actuales para dar más contenido y proyección a los tratados relativos al cambio climático, entre otras materias ambientales.

En nuestros documentos, hemos incorporado el concepto de la responsabilidad de cooperar, donde tenemos que contar con socios no solamente estatales, sino también no gubernamentales.

 

 

La descripción de los elementos anteriores, nos lleva a presentar una política exterior que debe sintonizar con los planes de desarrollo nacional.

Las características de la política económica y social chilena, se relacionan directamente con las herramientas que proporcionan los acuerdos comerciales, sobre inversiones y en materia social y migratoria. Ellos son herramientas para el desarrollo. Nuestro país ha generado una red de acuerdos de libre comercio que han dado fuerte impulso a nuestro sector exportador.

Hoy, el comercio exterior representa alrededor del 70% del PIB de Chile. El nuestro es un país de relativamente pocos habitantes y con un mercado doméstico reducido. Tenemos en consecuencia que generar los instrumentos que potencien las capacidades y permitan dar un trabajo digno a nuestros habitantes. En estos días se nos presenta el reto de una educación de calidad y equidad, paragenerar una mayor igualdad de oportunidades en nuestra sociedad.

Cuando se postula que Chile puede adquirir mejores niveles como economía agroalimentaria, se está haciendo una exigencia a la propia política exterior para que ella entregue los instrumentos y diagnósticos para promover ese estatus. Chile está en muchos sentidos, en una posición paradojal. Es el país más austral del mundo y posee fronteras interiores naturales especiales: un desierto, una cordillera, islas, un océano. Y, hasta hace pocas décadas, los factores de la distancia y el aislamiento eran determinantes del tipo de relación que un país periférico como el nuestro podía establecer con los centros de la política y la economía mundiales.

En el siglo pasado, este perfil comenzó a cambiar y la situación geográfica se ha hecho más relativa, pero todavía es un factor importante. Trabajamos en el seno de la Cuenca del Pacífico por la fuerza de las ideas que allí se generan y su dinamismo económico; tenemos convergencias sustantivas con los países australes y con Europa y creemos en la capacidad de diálogo y asociaciones diversas con los Estados Unidos y Canadá. Al mismo tiempo, como cuestión de principio y sustento de nuestra arquitectura de RRII, debemos privilegiar la relación con los países latinoamericanos, escenario donde la cooperación política es necesaria e imperativa.

En un mundo configurado de forma multipolar, y en un país que ha hecho de la inserción internacional su principal y más productiva estrategia de desarrollo económico y social, la política exterior debe ser sin duda, una herramienta facilitadora, al servicio de esta estrategia.

 

 

Finalmente, queremos desarrollar una política exterior adecuada al siglo XXI, que se distinga por su capacidad de adelantarse a los tiempos, por la flexibilidad y por la capacidad de llevar a cabo una gestión profesional y moderna.

Es fácil decirlo y difícil hacerlo, porque implica evaluar las instituciones que poseemos, promover ajustes y modernizaciones, entrenar personal, romper con procedimientos y por supuesto requiere de recursos siempre escasos.

Pero ese es nuestro empeño. Queremos una cancillería profesional, que mejore la formación de sus funcionarios y se estructure como un servicio jerarquizado, pero también flexible, confiable y eficiente, que acceda a las distintas responsabilidades y direcciones de acuerdo a las capacidades personales y no a coincidencias políticas con las autoridades de turno.

Por esa razón nos hemos esforzado por resaltar la importancia de la carrera diplomática, nombrando muy pocos embajadores ajenos a ella. Sin duda que hay muchas personas cuya trayectoria de servicio público en otras áreas, más sus conocimientos, sus dotes de liderazgo y su habilidad política los hacen dignos de asumir la representación del país en otras naciones, pero también creemos que quienes están mejor preparados para ello son quienes han dedicado su vida a las labores diplomáticas. Creemos también que este es un paso fundamental para el profesionalismo del servicio exterior chileno.

Igualmente, resulta imperativo en una mirada prospectiva colocar un énfasis en áreas que no eran propias del quehacer diplomático tradicional, como por ejemplo, desarrollar todas las estrategias posibles para atraer a nuestro país centros de excelencia internacional de investigación avanzada que contribuyan a darle a nuestra ciencia y a nuestras exportaciones un valor agregado; o generar mayores condiciones para la mejor formación posible de profesionales chilenos del futuro en alianza con centros educativos de primer nivel como lo es, precisamente, esta Academia de Derecho Internacional de La Haya.

 

 

Permítanme unas palabras para señalar que Chile se incorpora al mundo desde su contexto político y geográfico, desde América Latina, y más específicamente, América del Sur.

Acá están nuestras principales referencias. Nos sentimos parte de una comunidad lingüística, histórica y cultural, que avanza hacia una mayor integración. Planteamos esto último de manera realista: con cualquiera de nuestros vecinos, la integración debe beneficiar a ambos pueblos, y debe progresar con la gradualidad que sea necesaria. Con todos ellos tenemos una relación franca y respetuosa; las agendas son vigorosas y siempre será posible avanzar en torno a ellas.

Especial atención prestamos a los países vecinos, Perú, Bolivia y Argentina. Con ellos tenemos el mayor número de tratados, incluyendo los limítrofes, y una interdependencia creciente. Tenemos además raíces comunes en muchos sentidos, no solamente desde la época de la independencia o por múltiples lazos regionales o locales sino que también compartimos problemas similares propios del desarrollo.En los últimos años, a todo ello se agrega un creciente movimiento migratorio hacia el sur, habiendo sido en el pasado hacia el este, y un fuerte impulso de inversiones a nivel regional en el que Chile es un actor importante.

Hemos desarrollado interesantes instrumentos a través de los Comités de Integración, como foros donde se puede expresar a nivel subnacional esta vivencia fronteriza, incorporando los temas de la cultura, el desarrollo social y la cooperación. Creemos que debemos persistir en esta vía, que nos enriquece y beneficia a todos, al tiempo que tenemos que encarar desafíos comunes, como es el caso de narcotráfico y los ilícitos transfronterizos, frente a la cual se requieren respuestas conjuntas.

Es el momento de reafirmar ante ustedes, el compromiso de avanzar en este proceso de integración y mutuo conocimiento, así como de fortalecer las instancias de concertación y coordinación políticas, teniendo como base, el aporte del derecho internacional del cual somos creadores y al cual estamos obligados a respetar.

Muchas gracias.