Canciller Urrejola participa en acto de reconocimiento de la responsabilidad del Estado en caso de mujer con VIH esterilizada sin su consentimiento

La Ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, participó hoy en el acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado de Chile en el caso de F.S., mujer portadora de VIH que, en noviembre de 2002, fue víctima de vulneraciones a sus derechos al sufrir esterilización sin su consentimiento.

El acto, realizado en el Palacio de La Moneda y encabezado por el Presidente de la República, Gabriel Boric, forma parte del Acuerdo de Solución Amistosa suscrito entre el Estado y las organizaciones peticionarias del caso presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Vivo Positivo y el Centro de Derechos Reproductivos.

Durante la ceremonia, el Mandatario pidió disculpas públicas a F.S., conocida como Francisca, quien no estuvo presente de forma presencial. “Duele pensar que el Estado, que hoy día tengo el honor de representar, es responsable de estos casos. Me comprometo ante ti y ante quienes te representan personalmente a que mientras gobernemos vamos a dar lo mejor de cada uno de nosotros para que nunca más se vuelva a repetir algo de estas características, y para que los casos donde ya se han cometido estas atrocidades sean reparados como corresponde”, sostuvo.

En tanto, la Ministra Antonia Urrejola entregó diplomas conmemorativos a la presidenta de Vivo Positivo, Sara Araya Leyton, y a la Chief Program Officer del Centro de Derechos Reproductivos, Enid Muthoni Ndiga.

“Creo que este es un paso muy importante, con el acompañamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay que reconocer la tremenda labor de las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones feministas, y el acompañamiento que ha hecho también el Centro de Derechos Reproductivos para que esta causa llegara a este final, que fue un acuerdo de solución amistosa”, afirmó la Canciller.

“La verdad es que ha sido un acto muy emocionante. Francisca por decisión propia no ha querido estar públicamente acá, su nombre tampoco es público, lo que da cuenta de la estigmatización que todavía existe en el país respecto de las personas que sufren de VIH”, indicó la Canciller. “No puede ser que el año 2022 todavía estas personas, precisamente para no sufrir la estigmatización, no puedan estar presente en un acto de disculpa y da cuenta de la deuda que todavía tenemos en esta materia”, concluyó la Ministra.

Antecedentes del caso

En noviembre del 2002, F.S., mujer portadora de VIH, fue víctima de una esterilización no consentida por personal del Hospital de Curicó durante su parto por cesárea. Posteriormente, sufrió la negativa del sistema judicial de investigar debidamente y sancionar el daño físico y psicológico sufrido, sumándose a ello, la pérdida permanente de su capacidad reproductiva.

El 3 de febrero de 2009, las organizaciones Centro de Derechos Reproductivos y Vivo Positivo presentaron la petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado de Chile, donde alegaron la presunta vulneración de una serie de derechos.

El 21 de julio de 2014, la CIDH declaró admisible la petición por presuntas violaciones a los derechos a la integridad personal, garantías judiciales, protección de la honra y la dignidad, libertad de expresión, protección de la familia, igualdad ante la ley, protección judicial, y los deberes del Estado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

Finalmente, el 3 de agosto de 2021, el Estado y las organizaciones peticionarias suscribieron un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA), con el objetivo otorgar una reparación íntegra a la “Francisca” y su hijo, a partir de trece medidas de reparación de alto impacto, a cargo de los ministerios de Salud, Vivienda, Educación, Mujer y Equidad de Género, Subsecretaría de Derechos Humanos, Ministerio Público y Poder Judicial.

Además del acto realizado hoy, las medidas consisten en una reunión privada de disculpas; compensación económica; difusión del acuerdo de solución amistosa; acceso a un subsidio habitacional; beneficios estudiantiles; becas escolares y programas de educación superior; brindar atención de salud integral; difusión de directrices para los servicios de salud sobre esterilización femenina y masculina; campaña de sensibilización para la atención y no discriminación para las personas que viven con el VIH; difusión del proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia una vez sea promulgado; aumento de salas de parto de atención integral e instalación de placa conmemorativa; y capacitaciones en materia de derechos sexuales y reproductivos con enfoque de género.

Estas medidas han sido diseñadas con un enfoque interseccional, es decir, toman en cuenta que en la vulneración de los derechos de Francisca concurren diversos factores de discriminación: es mujer, vive con VIH, está en situación de pobreza y vive en una zona rural.