"En Chile no existe ninguna política ni institución que ampare o permita la tortura. Cualquier hecho aislado que se desvíe de esta misión es investigado y sancionado" indicó el Subsecretario Jorge Frei, al organismo internacional.
Durante esta semana, una delegación encabezada por el Subsecretario de Justicia, Jorge Frei, y compuesta por representantes de los ministerios de Interior, Relaciones Exteriores, Justicia y Secretaría General de la Presidencia, además de Carabineros e Investigaciones, y la Comisionada de Derechos Humanos de la Presidencia, presentó el Quinto Informe Nacional de la situación de Chile en materia de cumplimiento de la Convención de la Tortura, ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en la 42ª sesión de la instancia internacional, que se lleva a cabo en Ginebra.
Conforme al procedimiento de examen ante el Comité, hubo un intercambio de preguntas y respuestas por parte de sus miembros y la delegación chilena respectivamente, sobre temas relativos a:
Protección y acciones civiles y reparatorias de víctimas en caso de tortura; los alcances de las Comisiones Verdad y Reconciliación y Comisión Valech; situación carcelaria en Chile; iniciativas de Gobierno y proyectos legislativos como la creación del Instituto de Derechos Humanos; entre otras.
El presidente subrogante del Comité internacional, Xuexian Wang, destacó el alto nivel de representatividad y preparación de la delegación chilena.
EN CHILE SE SANCIONA LA TORTURA
Durante la sesión, el subsecretario Frei, planteó que "En Chile no existe ninguna política ni institución que ampare o permita la tortura. Cualquier hecho aislado que se desvíe de esta misión es investigado y sancionado".
La autoridad además explicó, que en materia de tortura, se han dictado tres sentencias condenatorias firmes, fundamentadas en la Convención de la ONU. Adicionalmente, se encuentran en curso otros 32 procesos judiciales por este mismo delito, en los que están en calidad de acusados 20 agentes del Estado y otros 22 sometidos a proceso, involucrando a más de 270 víctimas.
En relación a la ley de Amnistía- otro tema abordado en el Comité- la autoridad de Justicia enfatizó que "En Chile no hay impunidad, y existe una preocupación del Estado por investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos. Las extensas condenas para quienes cometieron este tipo de delito, confirman que en Chile se imparte justicia y funciona el estado de derecho"
En tanto detalló, que la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (Comisión Valech) creada el año 2003, implementó leyes especiales de reparación a las víctimas de estos delitos, reconociendo el derecho a reparación de 28.459 victimas de tortura y prisión política. A ello se suman, las familias de 3195 personas no sobrevivientes. En total el Estado ha invertido en este proceso reparatorio, US$290 millones de dólares.
EXTENSIÓN DEL SISTEMA CONCESIONADO PARA TODAS LAS CÁRCELES CHILENAS.
En materia carcelaria, el subsecretario Frei puntualizó que "el Gobierno de Chile ha desarrollado desde el año 2000 un programa de construcción y administración de 10 unidades penales por capitales privados, manteniendo el Estado, a través de Gendarmería de Chile, la seguridad y vigilancia de los penales. La inversión supera actualmente los USD $280 millones, y aporta 16 mil nuevos cupos, lo que equivale al 34% de la población penal actual. El programa de concesiones busca solucionar el problema del hacinamiento mediante una segmentación adecuada de la población penal, que entregue servicios básicos, incluyendo el tratamiento orientado a la reinserción social eficaz y oportuna".
A ello se agrega, la construcción de 6 nuevas unidades penales y 8 ampliaciones a antiguos centros penitenciarios. Así también, el incremento del número de funcionarios de Gendarmería en un 56% lo que permitirá fortalecer el trabajo de vigilancia y reinserción social.
AVANCES LEGISLATIVOS.
Por otra parte, la autoridad destacó los proyectos y avances legislativos en otras materias de derechos humanos.
La entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal en todo el país y el establecimiento a partir de ello, de los derechos de las víctimas e imputados; que significó la disminución de los tiempos de detención, y que los imputados sean puestos a disposición de un juez de garantía en un plazo máximo de 24 horas.
La reforma al Código Penal, el que deberá revisar la regulación del delito de tortura actualmente existente.
La reforma Integral al Código de Justicia Militar, cuyo objetivo es restringir la tipificación a delitos que son considerados como estrictamente militares, llevando los que no revisten dicho carácter a la jurisdicción penal común.
La política de reconocimiento e integración de todos los pueblos originarios, iniciada en 1990, en la que se destaca la restitución de más de 500.000 mil hectáreas de tierras indígenas, y la creación de una Defensoría Penal Indígena Especializada.
El proyecto de ley con el objeto de crear el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que es definido como "el colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en asuntos relativos al orden público, a la política y mantenimiento de la seguridad pública.