Amigas y amigos:
Estamos acá para poner en marcha un nuevo programa de prevención en salud y seguridad.
Nos alegra mucho dar un paso significativo en elevar los estándares de seguridad preventiva en el Edificio Carrera, donde nos desempeñamos no sólo cientos de funcionarios del ministerio de Relaciones Exteriores, sino también muchas empresas contratistas que aseguran la prestación de servicios tales como alimentación, aseo, mantenimiento eléctrico, ascensores y otros más.
En una palabra, son quienes hacen que este edificio funcione y sea posible trabajar en él; y, de este modo, quienes pertenecemos al ministerio podemos cumplir a cabalidad con nuestras tareas, sin obstáculos ni inconvenientes ajenos a ellas.
Y a ellos principalmente se dirige este nuevo programa.
Permítanme que les recuerde brevemente la razón de fondo que alienta tras esta decisión.
Hay un movimiento general, internacional, hacia el progresivo aseguramiento de los derechos de las personas. Tras la Declaración Universal de los Derechos Humanos que la comunidad internacional estableció en 1948, como una respuesta urgente y apremiante a las atrocidades vividas en la Segunda Guerra Mundial, se ha seguido trabajando y profundizando en el tema, en los derechos llamados de segunda y de tercera generación.
El objetivo es proteger cada día mejor, y de maneras más específicas, los derechos de las personas en todos los ámbitos de su desempeño.
En esa línea, el Presidente Piñera firmó el decreto que promulga el Convenio Nº 187 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Congreso Nacional en abril de este año, por medio del cual Chile se compromete a promover en forma continua la seguridad y la salud en el trabajo a través de políticas, sistemas y programas que apunten a prevenir los accidentes, enfermedades y muertes en el lugar de trabajo.
Este compromiso se suma a la nutrida legislación laboral chilena, que ha sido enriquecida en los últimos años con normas que protegen especialmente a los trabajadores contratistas. Es bien sabido que la contratación de servicios de rubros ajenos a la misión principal de una empresa u organización pública tiene múltiples ventajas; entre ellas, que fomentan la especialización -y, por lo tanto, la eficiencia- y evitan distraer recursos formados y captados para, precisamente, las funciones propias.
Pero ello no significa que la institución contratante pueda desprenderse de obligaciones laborales. Por ello, una reciente reforma a la Ley de Subcontratación incorporó el principio de solidaridad responsable de la empresa principal hacia sus empresas contratistas en caso de ocurrencia de accidentes laborales.
Estos antecedentes -el progreso en la protección de los derechos de todos y los avances particulares en la legislación laboral chilena- inspiran la puesta en marcha de este nuevo programa, que se desarrollará tanto en los inmuebles ministeriales ubicados en Chile -comenzando por este edificio- como en las misiones de Chile en el exterior.
La implementación de este sistema de gestión se realizará en conjunto entre el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección de Personas y Desarrollo Organizacional con la Asociación Chilena de Seguridad.
Es un punto de partida. El programa contempla tanto una etapa de diagnóstico como una serie de objetivos que habrá que desarrollar en un tiempo prudencial, pero sin perder de vista el carácter imperativo de mejorar sustantivamente la prevención en salud y seguridad.
Cualquier programa de este tipo puede ser letra muerta, norma vacía, sin la participación activa de todos los involucrados. Hay aquí procesos de aprendizaje del auto cuidado tanto como exigencias que la institución debe cumplir. Pero lo más importante, desde luego, es el compromiso de todos para lograr condiciones de trabajo más seguras y saludables en este edificio y en todos los lugares que dependen de este ministerio.
Agradezco a quienes han participado en la elaboración y diseño de este programa, que con seguridad será un avance para esta institución.
Muchas gracias.