Sr. Presidente:
Los propósitos y principios recogidos en la Carta de las Naciones Unidas establecen las bases esenciales de la convivencia pacífica entre los Estados; ellos son la columna vertebral de los valores políticos y jurídicos que estructuran el sistema internacional, y es nuestro deber continuar guiando la cooperación entre los Estados sobre esas bases, más aún, en un mundo diverso y con asimetrías como el nuestro.
Próximos a conmemorar el septuagésimo aniversario de la Carta, sus propósitos y principios constituyen patrimonio de la comunidad internacional y han de ser garantía de la aplicación universal del Estado de Derecho y de la gobernabilidad global. Estos principios forman un corpus integral, de carácter consuetudinario, universal, inderogable y exigible en su conjunto, como lo reconoció en la resolución 2625 y también la jurisprudencia internacional. En el marco de estos principios, no es posible la selectividad.
A la luz de ello, el Derecho Internacional que ha experimentado significativos desarrollos, exige la observancia de la integridad de los principios fundacionales de la Carta, los que deben estar presentes incluso ante nuevas realidades, cuando están en juego los propósitos de contribuir a generar estabilidad, paz y seguridad. Consecuentemente, aun en nombre de una necesaria evolución, no deben afectarse principios jurídicos como la igualdad soberana de los Estados, el cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales, la integridad territorial y la independencia política, la solución pacifica de las controversias y el no uso de la fuerza. La naturaleza constitucional de este conjunto de principios, no debe ser relativizada, ya que de lo contrario se estaría afectando la esencia misma de la estabilidad y la convivencia entre los Estados.
Sr. Presidente:
La Carta es un instrumento para la paz, la seguridad y el desarrollo, lo cual implica también reconocer que la dignidad y bienestar de las personas forman parte del respeto a los Derechos Fundamentales.
Nuestro país cree firmemente que las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos y los delitos de lesa humanidad, entre ellos, la limpieza étnica, el genocidio, y los crímenes de guerra, llaman a expresar la legítima preocupación de la comunidad internacional, que tiene el deber de dar eficacia a los instrumentos y mecanismos vigentes. En este contexto, afirmamos, con responsabilidad, que el principio de la no intervención no puede constituirse en una barrera, que impida a la comunidad internacional pronunciarse respecto de situaciones en que los derechos fundamentales son vulnerados.
En un mundo interrelacionado, donde el desarrollo ético es una dimensión crucial al abordar los temas acuciantes de la política mundial, no podemos permanecer indiferentes a hechos que repugnan la conciencia de la humanidad, la que día a día interpela a Gobiernos e instituciones internacionales para actuar.
La responsabilidad de proteger es un concepto que goza de legitimidad, y como tal, debe ser encauzada en el marco del Derecho Internacional y de las instituciones que la comunidad internacional se ha dado. Este Consejo ha reconocido esta figura en sucesivas resoluciones como la 2150 y la 2171. En ellas se ha puesto de relieve que la responsabilidad de proteger puede ser un instrumento para prevenir y combatir graves crímenes internacionales como el genocidio.
El Consejo debe poner en marcha todos los elementos necesarios que faciliten la búsqueda, de conformidad con el Derecho Internacional, de los marcos para prevenir conflictos y actuar sobre ellos de manera legítima y pertinente cuando corresponda.
Sr. Presidente:
Hoy reconocemos haber pasado de un Derecho internacional de la Coexistencia a un Derecho de la Cooperación, lo cual se revela en obligaciones e instrumentos que responden a estas lógicas. Es un desafío profundizar aquellos elementos que pueden permitirnos continuar construyendo una estructura normativa internacional, que refleje adecuadamente los propósitos y principios de la Carta en las actuales circunstancias.
En este contexto, la convocatoria política y jurídica que deben continuar formulando las Naciones Unidas y, en particular, el Consejo, es clave. Esto con plena consideración del rol de las Organizaciones Regionales que, según el Capítulo VIII, deben actuar de manera compatible con dichos propósitos y principios.
El análisis de las causas profundas o inmediatas de los procesos desestabilizadores y las crisis que hoy amenazan seriamente al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, no pueden, por tanto, apartarse de la enseñanza de estos principios universales, expresados en la Carta. Ni el terrorismo, ni la proliferación de armamento, ni los conflictos internos armados, ni la piratería, entre otras amenazas, pueden servir para justificar un alejamiento del tratado fundacional del Sistema.
Sr. Presidente:
Deseo concluir mi intervención recordando que este Consejo ha reconocido que los tres pilares de las Naciones Unidas, paz y seguridad, derechos humanos y desarrollo, están estrechamente interrelacionados y se refuerzan mutuamente. Chile ha promovido el Desarrollo Inclusivo, como un mecanismo transformador de las causas subyacentes a los conflictos, y nos asiste la convicción de que no es posible disociar este concepto de los preceptos y principios de la Carta y del Derecho Internacional, que deben prevalecer como los valores políticos y jurídicos estructurales del orden global.
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