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Santiago, 14 de diciembre de 2016  
Declaración Pública
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Esta semana, el Presidente Evo Morales y otras altas autoridades del Gobierno de Bolivia volvieron a referirse al pueblo y al Gobierno de Chile en términos ofensivos y calumniosos, hasta el grado de inventar términos inexistentes –como "economicidio"- utilizando datos sesgados y unilaterales.
Mientras se arroga el derecho de emitir juicios sobre asuntos que conciernen en forma exclusiva y soberana al pueblo de Chile, el gobierno boliviano sigue sin explicar los cobros abusivos que realiza su Administración de Servicios Portuarios (ASP-B), que multiplica por varias veces las tarifas que cobran los puertos chilenos. Son esos sobrecobros, y no los precios chilenos de los servicios portuarios, los que aumentan los costos de los importadores y exportadores bolivianos. Es decidor que el Gobierno de Bolivia omita estos hechos, que son esenciales para un análisis serio de cómo mejorar el tránsito de bienes a través de territorio chileno, y pretenda siempre culpar de sus males a algún actor externo, incluyendo Chile.
El gobierno de Chile mantendrá su voluntad de mejorar su infraestructura y sus servicios portuarios. Sin embargo, es imperioso que el gobierno boliviano garantice la protección de los derechos de sus propios transportistas y, a lo menos, explique el volumen de sus sobrecobros. Como la comunidad internacional sabe muy bien que en territorio chileno los derechos humanos, laborales y de seguridades están cautelados por la ley chilena.
Finalmente, esta reciente diatriba del Presidente Morales llega al extremo de atacar al pueblo chileno y su democracia, al afirmar que "en Chile el voto del pueblo chileno es en vano", lo cual constituye una falta de respeto inaceptable a la democracia chilena.